Relato de los hechos represibles del Marcelato en agravio de los Campesinos de los 400 Pueblos.

Del 7 de mayo al 28 de noviembre del 2008 el Gobierno del Distrito Federal sitio a los campesinos diariamente con granaderos (200 policías) en el parque del monumento a la madre en la confluencia de las calles de Reforma e Insurgentes. Durante seis meses fuimos golpeados y humillados por la policía del Distrito Federal, impidiendo con cercos policiacos que nos comunicáramos con la ciudadanía.

Tal y como públicamente fue conocido, el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el mes de octubre del 2008 declaró a los medios de comunicación (en el contexto de un encuentro que tuvo dicho funcionario con la Confederación Patronal de la Republica Mexicana), al referirse a los 400 pueblos que, “si por mi fuera, yo los sacaba a patadas. ¿Y saben cuánto tiempo nos tardaría sacarlos? ¡Diez minutos!”. De igual manera, dicho funcionario agregó en tono notoriamente sarcástico que “la visión” que dábamos era “muy bonita”, porque “ellas están muy guapas y ellos muy atractivos”, refiriéndose  así despectivamente a los campesinos y campesinas que realizamos nuestras asambleas en el Distrito Federal, delatando con ello –además-  un perfil como servidor público notoriamente racista.

En otra ocasión, el miércoles 12 de agosto del 2009, precisamente cuando pretendíamos llevar a cabo una asamblea en la Ciudad de México, D.F., tal y como se dio a conocer profusamente en los medios de comunicación, fuimos agredidos por elementos policiacos de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (conocidos como “granaderos”), quienes inconstitucionalmente disolvieron nuestra asamblea, hiriendo a varios suscritos con su armamento, y privando ilegalmente de la libertad a 23 de nosotros. Debe destacarse en este punto, que en la acción referida fue evidente la superioridad numérica de los elementos policiacos (dado que casi medio millar de policías intervinieron en contra de 300 campesinos), encontrándose dichos agentes armados con toletes, cascos y escudos, e incluso armas cortas y largas, arremetiendo en contra de hombres, mujeres, menores y adultos mayores inermes. En el momento de la referida intervención policiaca, ninguno de los asambleístas que estábamos reunidos, estábamos cometiendo delito o infracción alguna. Por todo ello, resulta evidente que se trató de un ostensible abuso de autoridad.

En una tercera ocasión, el 26 de octubre en la Ciudad de México arribamos 600 campesinos del Movimiento de los 400 Pueblos, quienes acudimos a una cita pactada con Senadores de la Republica. Al llegar a las inmediaciones de nuestro antiguo local de la Colonia Ex – Hipódromo de Peralvillo, fuimos cercados por la policía del Distrito Federal, sin permitirnos salir ni hacer nuestras más urgentes necesidades sin permiso. Nunca se nos dio explicación alguna y a las preguntas que se formularon a quienes coordinaban el operativo policiaco, en tono del por qué se violaban nuestras garantías, se nos contestaba con insultos y burlas.

Es imprescindible anotar que carecemos de las garantías suficientes, habida cuenta de que el Gobierno del Distrito Federal ha optado por restringir nuestra libertad de reunión, desatando una actitud abiertamente intolerante y persecutoria, en detrimento de nuestras más elementales garantías constitucionales. La postura del gobierno de la capital del país es, además, de respeto selectivo de las garantías individuales: públicamente consta que el gobierno que encabeza el C. Marcelo Ebrad Casaubón, practica la tolerancia en relación con aquellos movimientos sociales que considera afines a él, e intolerante con aquellos que mostramos una postura independiente.